En la más reciente Convención Bancaria, una escena protagonizada por el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su colega el Superintendente Financiero, César Ferrari, evidenció las marcadas diferencias que existen en el Gobierno Petro en relación al papel de las criptomonedas en Colombia.
Al finalizar su intervención frente a los banqueros del país, Ricardo Bonilla afirmó que las criptomonedas “son una realidad” y que existe interés en regularlas en el país. Sin embargo, dejó en claro que aquellos interesados en su regulación deben asegurar la autonomía e independencia del Banco de la República, y que no se puede permitir ninguna fuente de emisión primaria que no sea el banco.
El alto funcionario gubernamental también señaló que las criptomonedas son “operaciones financieras” y, como tales, deben ser sometidas a revisión y regulación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Enfatizó que estos son los temas que deben abordar las regulaciones de los criptoactivos, destacando el interés del Banco en avanzar en el tema, pero advirtiendo que no se puede permitir su entrada de cualquier manera.
Sin embargo, las declaraciones de Bonilla contradicen las palabras del Superintendente Financiero, César Ferrari, en una rueda de prensa durante el primer día del evento. Ferrari afirmó personalmente que “ese mercado de criptoactivos, que no son activos, que no es un mercado financiero, no tienen por qué estar bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera”. Argumentó que los criptoactivos no tienen nada que ver con las funciones de la entidad, cuyas obligaciones se relacionan con la vigilancia de los activos financieros.
Además, el alto funcionario del Gobierno Petro expresó su preocupación sobre la opacidad del mundo de las criptomonedas, calificándolo de “sumamente oscuro”. Señaló que, aunque se conoce quién demanda los criptoactivos, no se tiene idea de su origen, lo que genera un mercado propenso a la especulación.
Es importante mencionar que durante la gestión anterior de Jorge Castaño se llevó a cabo un programa en la entidad en colaboración con actores bancarios e intercambios de criptomonedas para explorar el marco regulatorio más adecuado para el país, en lo que se denominó “la Arenera”.
Estas contradicciones entre el Ministro de Hacienda y el Superintendente Financiero evidencian una falta de dirección clara en el Gobierno Petro en cuanto al enfoque y regulación de las criptomonedas en Colombia. La ausencia de consenso y un rumbo definido plantean interrogantes sobre el futuro de estas tecnologías financieras en el país, generando incertidumbre tanto en los actores del sector como en los inversionistas interesados en participar en este mercado.
