Fue vetada la Ley Cripto en Panamá por tercera vez

Este 26 de enero, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, vetó de nuevo el proyecto de Ley Cripto de ese país. El órgano ejecutivo envió el documento legislativo a la Corte Suprema del país para que esta institución sea la encargada de evaluar el documento.

Esto indica el gobierno en un comunicado a través de su página web:

“El Órgano Ejecutivo envió a la Corte Suprema de Justicia el proyecto de ley 697 de 2021, que regula la Comercialización y Uso de Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y dicta otras disposiciones, para que esta instancia del Estado decida lo que corresponda.”

La remisión al máximo tribunal se da luego de que Cortizo volvió a objetar el proyecto de ley, el cual llegó a su despacho el 18 de enero de 2023, tras hacer enmiendas a un proyecto presentado el año pasado. El mandatario ya había vetado la propuesta en 2022.

“Este proyecto de ley, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional durante su sesión ordinaria del 28 de octubre de 2022 luego de considerada la nota de objeción formulada al mismo, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, fue remitido al órgano Ejecutivo para su sanción, este 18 de enero de 2023.”

Cabe recordar, que anteriormente el presidente ya había vetado el proyecto cripto del país. El 17 de junio de 2022 Cortio sostuvo que la iniciativa legislativa requería “adecuación” a las normas que regulan el sistema financiero y el modelo monetario panameño “que ha garantizado estabilidad económica y disciplina fiscal en el país”.

Y estimó que este proceso de digitalización involucraría “poner en manos de terceros el tratamiento de información personal que, por mandato constitucional, es de responsabilidad y custodia del Tribunal Electoral”.

Luego de esto, el proyecto fue aprobado en la tercera discusión en el seno de la Asamblea nacional.

De hecho, esa tercera aprobación del proyecto, en octubre, dio de qué hablar, debido a que la propuesta original fue modificada. El impulsor del proyecto, el diputado Gabriel Silva, criticó en Twitter que habían introducido «decenas de modificaciones» a su propuesta, “de manera no consensuada, dañando lo que era un buen proyecto”.