La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha expresado su postura de “reservar sus derechos” para objetar el plan propuesto por los administradores de FTX, que contempla el pago a los acreedores en stablecoins. En un documento judicial publicado recientemente, la SEC señaló que aún no se pronuncia sobre la legalidad de las transacciones que involucran criptoactivos bajo las leyes federales de valores, dejando abierta la posibilidad de futuras impugnaciones.
Uno de los puntos clave mencionados por la SEC es que los administradores de FTX no han identificado al agente de distribución encargado de entregar las stablecoins a los acreedores, lo que añade incertidumbre sobre el proceso de reembolso.
Esta declaración llega después de que FTX, la plataforma de criptomonedas que colapsó en noviembre de 2022, presentara un plan de reestructuración en mayo de 2024. El plan prevé pagar entre 14,500 millones de dólares y 16,300 millones de dólares a los acreedores, con la posibilidad de que algunos reciban hasta el 118% de sus reclamaciones en efectivo, siempre que estas no superen los 50,000 dólares.
El debate sobre si las stablecoins deben ser tratadas como “efectivo” o “criptoactivos” ha generado controversia durante mucho tiempo. La SEC ha mantenido una postura ambigua al respecto, como lo demuestra una presentación de agosto donde reconocía que las stablecoins podrían ser consideradas como “efectivo” junto con instrumentos financieros tradicionales. Sin embargo, la reciente declaración del organismo regulador parece contradecir este enfoque, generando críticas por parte de la comunidad cripto.
Alex Thorn, jefe de investigación en Galaxy Research, calificó la declaración de la SEC como una “extralimitación jurisdiccional”, argumentando que el organismo no está presentando un caso sólido y mantiene su posición solo para ejercer control sobre los actores del mercado.
El caso FTX continúa siendo uno de los más complejos del sector cripto, con honorarios legales que ya superan los 800 millones de dólares , lo que subraya la magnitud del proceso judicial y las implicaciones futuras para la industria de criptomonedas
