El Salvador, pionero en la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal desde el 7 de septiembre de 2021, ha experimentado un significativo proceso de transformación en su economía y marco regulatorio en los últimos dos años. Este informe, realizado por Global Financial Integrity (GFI), una Organización No Gubernamental (ONG) con sede en la ciudad de Washington, DC (EEUU), se centra en la misión de GFI de reducir los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) a través de investigaciones innovadoras, propuestas de políticas públicas y servicios de asesoramiento gubernamental.
Este informe ofrece un análisis completo de la situación actual de los activos virtuales (AV) en El Salvador, abordando tanto su perspectiva legal y regulatoria como su relación con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT).
La primera parte del informe se centra en el marco regulatorio vigente en El Salvador en lo que respecta al Bitcoin y los AV. El país ha avanzado notablemente en la digitalización de su sistema financiero, implementando leyes como la Ley Bitcoin, la Ley de Emisión de Activos Digitales y la Ley de Fomento a la Innovación y Manufactura de Tecnologías. Estas regulaciones buscan respaldar a individuos y empresas que operan con monedas digitales, al mismo tiempo que fomentan la innovación y la producción tecnológica en la nación. Sin embargo, el informe señala la necesidad de posibles regulaciones adicionales a medida que la materia evoluciona y se estandariza a nivel internacional.
La segunda parte del informe se adentra en la evaluación de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionados con los AV en El Salvador. Siguiendo el enfoque basado en riesgos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se analizan los delitos subyacentes más comunes en El Salvador, como narcotráfico, extorsión, tráfico de migrantes y malversación de fondos públicos. Además, se evalúan los riesgos asociados a las características operativas y los desarrollos en el ecosistema de AV.
El informe concluye con una serie de recomendaciones de políticas regulatorias destinadas a maximizar los beneficios de la innovación financiera en El Salvador, al tiempo que se minimizan los riesgos. Entre las principales recomendaciones se incluyen la necesidad de reformas para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la colaboración con expertos legales y empresas en la creación de regulaciones técnicas, y la mejora de los mecanismos de cumplimiento para evitar la entrada de actores criminales en el sistema financiero.
Asimismo, se subraya la importancia de la transparencia gubernamental, el registro de las compras de Bitcoin del Gobierno y la educación del sector financiero en la identificación de indicadores de alerta en transacciones con criptomonedas. Estas recomendaciones buscan garantizar que El Salvador siga aprovechando los beneficios de la innovación tecnológica, al tiempo que se protege contra posibles riesgos financieros y delitos.
