El ecosistema DeFi ha experimentado cambios significativos en los últimos años, y se anticipa que el año 2023 marcará un punto crucial para su desarrollo.
El futuro de DeFi está intrínsecamente ligado a factores como la adopción y la utilización de la tecnología blockchain, así como a los cambios regulatorios y los avances en el entorno. Además, es plausible que los progresos dentro del ecosistema DeFi tengan un papel fundamental en su crecimiento venidero.
Las finanzas descentralizadas (DeFi) han emergido como una de las corrientes más influyentes en el ámbito de los activos digitales durante los últimos años.
Dentro de las regulaciones actuales destacan :
– La Comisión Europea, que ha publicado una propuesta de reglamento sobre los mercados de criptoactivos (MiCA) que busca establecer un marco legal armonizado para los proveedores y emisores de servicios de DEFI en la Unión Europea.
– La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), que ha emitido varias guías y declaraciones sobre la aplicación de las leyes federales de valores a las actividades de DEFI, incluyendo la clasificación de algunos tokens como valores y la supervisión de las plataformas de intercambio descentralizadas (DEX).
– La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), ha lanzado un régimen regulatorio para los proveedores de servicios de pago que abarca las actividades de DEFI, como la custodia, el intercambio y la transferencia de activos digitales.
– El Banco Central de Brasil (BCB), que ha reconocido el potencial de las innovaciones financieras basadas en tecnología blockchain y ha creado un grupo de trabajo para estudiar los desafíos y oportunidades de la regulación de DEFI.
-El estándar global de regulación para activos digitales impulsado por la India junto al G20
Estas son solo algunas de las leyes relacionadas a DEFI 2023 según país, pero existen muchas más que varían según el contexto jurídico y económico de cada región.
Para ahondar más en el panorama legal de la regulación DeFi, el equipo de Soy Hodler conversó con Alvaro Castro Lora, Fundador de Sumara Hub Legal y Director de la Asociación Blockchain & DLT Perú.
Soy Hodler: ¿Por qué es tan complicado regular las finanzas descentralizadas (DeFi)?
Alvaro Castro Lora (ACL): DeFI representa diversos retos para la regulación y los reguladores en todo el mundo. El carácter descentralizado de la tecnología blockchain sobre la que se monta el ecosistema DeFi implica que -técnicamente- no haya una persona o empresa que brinde los servicios o productos financieros, sino que se trata de contratos inteligentes (código) programados para interactuar con terceros.
Esa ausencia de un sujeto-centralizado significa que la normativa y los supervisores no tienen a quién hacer responsable en caso de fallas, engaños, manipulación, etc., de los servicios o productos financieros.
Los inversores no tienen a alguien concreto a quién reclamar y el marco legal y los organismos públicos no tienen sobre quién actuar. Es por ello que algunos legisladores y reguladores están considerando esquemas alternativos para generar incentivos a que los servicios y productos financieros que se brinden a través de modelos DeFI sean diseñados considerando la protección de los inversores/clientes.
Por ejemplo, la normativa puede crear “ficciones legales” (es decir, cosas que podrían no ser ciertas en la realidad, pero son consideradas por la ley como si lo fueran).
Así, en el caso de responsabilidad por daños derivados de vehículos conducidos por inteligencia artificial, en Europa existen proyectos normativos que plantean hacer responsable legalmente al diseñador de la inteligencia artificial. Y un ejemplo menos tecnológico es la responsabilidad legal que, conforme a la regulación de Reino Unido, recae sobre funcionarios senior de entidades financieras por manipulaciones o engaños cometidos por sus empleados (funcionarios bajo su jerarquía) en contra de los clientes; se les hace responsables porque se entiende que los funcionarios senior están en mejor posición de evitar o prevenir la conducta dañosa de los empleados a su cargo.
Estas ficciones legales parten de ciertas teorías de la causalidad (relación entre un suceso a cargo de una persona genera un efecto-daño a un tercero) para efectos de la responsabilidad legal: el principio de la inevitabilidad, conforme al cual, quien está en posición de evitar un acto dañoso y no lo evita, es responsable legal por el daño.
Asimismo, la legislación puede asignar responsabilidad objetiva a un tercero, sólo porque está en la capacidad económica de compensar por el daño que se produce.
Es lo que en materia de responsabilidad civil extracontractual (por ejemplo, la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito) se llama teoría del deep pocket o bolsillo profundo (basada a su vez en la ley económica de los “Rendimientos Decrecientes”), conforme a la cual, de las dos partes involucradas en un accidente, debe pagar aquella que tiene mayores recursos económicos.
SH: ¿Qué problemas o retos crees que nacen con el más reciente proyecto de Ley de Estados Unidos: “El proyecto S.2355 – Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act of 2023 planteado por el senador Jack Reed:
El proyecto de ley sometería las operaciones de DeFi a los mismos requisitos que “otras empresas financieras, incluidas las plataformas centralizadas de comercio de criptomonedas, los casinos e incluso las casas de empeño.” El proyecto de ley haría a “cualquiera que controle ese proyecto” responsable del uso del servicio DeFi por parte de personas sancionadas. Además:
“Si nadie controla un servicio DeFi, entonces -como respaldo- cualquiera que invierta más de 25 millones de dólares en desarrollar el proyecto será responsable de estas obligaciones”.
ACL: En ese sentido, este proyecto de ley apunta a dos criterios-base para la responsabilidad legal en relación a servicios o productos contratados vía ecosistema DeFi: la(s) persona(s) que tiene(n) el control del diseño de los Smart contracts (“Control” as including the power, directly or indirectly, to direct a change in the code or other terms governing the protocol, through ownership of tokens, admin privileges, or other abilities) y la(s) persona(s) que haya(n) invertido más de USD 25 millones en el desarrollo del protocolo.
El tema con las ficciones legales es que deberían incluir excepciones; es decir, que quien la ley presuma responsable debe poder probar que la presunción no se condice con la realidad y así quedar exonerado de responsabilidad. Este proyecto de ley no incluye excepciones.
El segundo problema es definir si todos los usuarios DeFi son realmente “clientes” o “inversores” para efectos legales. Pensemos en los protocolos DeFi on-ramp que no hacen custodia (ni cobran fees). ¿Es razonable asignar responsabilidades legales a los coders o financistas del desarrollo del código? Hay mucho pan por rebanar.
