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Criptomonedas en Colombia: Desafíos regulatorios, implicaciones legales y sanciones 

Publicado en marzo 28, 2024
modificado por última vez hace 2 semanas

Entrevista exclusiva con Paula Bermúdez, CEO de Digitalaw Legaltech, analiza el panorama normativo y las respuestas del mercado a la regulación de activos virtuales en Colombia durante el Bitcoin Tour en Cúcuta

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Durante el Bitcoin Tour en Cúcuta, la abogada en formación CEO y Fundadora de Digitalaw Legaltech, Paula Bermúdez, ofreció una visión esclarecedora sobre los desafíos regulatorios que enfrenta Colombia en el ámbito de las criptomonedas. En una entrevista exclusiva con SoyHodler, Bermúdez abordó la falta de claridad regulatoria y la necesidad de unificar criterios entre las entidades gubernamentales para proporcionar seguridad y certeza a los actores del mercado de criptomonedas. Además, compartió la respuesta positiva y la incertidumbre que han experimentado al ofrecer servicios innovadores de cumplimiento normativo en un sector en evolución. A través de sus propias palabras, exploramos las implicaciones legales y las posibles sanciones para quienes operan en el espacio de activos virtuales en Colombia.

Lina Escarraga: ¿Cómo ves al país en temas de regulación? 

Paula Bermúdez: Digamos que a nivel de cripto todavía no hay una regulación clara que permita a los actores del mercado de criptomonedas tener una perspectiva segura de, tengo que emitir esta licencia, tengo que hacer este trámite, no puedo hacer, sí puedo hacer, por un lado y por el otro. El regulador, en este caso la principalmente la superintendencia financiera de Colombia, que es la que maneja todo lo de licencias, para bancos  y entidades financieras, tampoco ha establecido una postura lo suficientemente clara que le permita a los usuarios tener certeza de que no van a tener un cierre de cuenta bancario para operar con criptomonedas. Entonces a nivel regulatorio creo que el reto es quitar esa fricción que existe entre la banca y el sector de criptomonedas por el sesgo de que todo lo que pasa por aquí es con lavado de activos o de venta de armas o algún delito. Y realmente hay herramientas que hoy permiten medir el riesgo en activos virtuales aquí en la oficina de hecho, hoy somos los primeros en desarrollar ese tipo de herramientas de analítica de blockchain y creo que el país tiene que apuntarle a unificar criterios entre las distintas entidades.

Yo lo digo porque, por ejemplo, a nivel tributario existe una postura ya de parte de La DIAN, a nivel de superintendencia de sociedades existe una postura en parte de redes de cumplimiento y actividades virtuales, pues a nivel de superintendencia financiera de Colombia, pese a que el superintendente ha dicho abiertamente que es una buena idea mirar con buenos ojos  este sector, en la práctica no pasa así. Entonces eso genera que la gente que quieren invertir de pronto sientan temor o empiecen a tener malas prácticas en la operación con actividades virtuales, y esto deriva precisamente de ese temor de que van a verse expuestos a sanciones por parte de las entidades financieras, como ya le pasa a algunos países. 

L.E : ¿Cómo ha sido la recepción de los servicios que ofrecen, en particular en relación con la demostración de su cumplimiento normativo, por parte de sus clientes y otros actores del mercado?

P.B: Aceptación total, porque desconocen que existe tanto marco normativo en Colombia, no tengo una ley emitida, pero tengo mucho marco normativo, y por normativas pues hablo de conceptos, inclusive normas que me permiten delinear el modelo de actividades virtuales aquí en Colombia, sin necesidad de que tenga una ley expresamentable de eso. Entonces cuando mostramos que eso existe, y que inclusive existen normas como la Circular Ciencias de la Superintendencia de Sociedades, que me hablan específicamente de cómo tengo que comportarme en actividades virtuales, en materia de cumplimiento, pues es sorprendente, porque realmente pensaban que no existía nada, y que realmente debía ser una zona totalmente gris, y ahí era como andar operando sin ningún norte. Pero también existe mucha incertidumbre, porque mucha gente de los entes en Colombia no quieren verse expuestos, de pronto investigaciones derivadas de ese tema, y yo los entiendo. 

L.E: ¿Cuál es la principal preocupación o temor que observa entre los actores del mercado?

P.B: El principal miedo, es el miedo a ser sancionados, por de pronto ir más allá de lo que pronto el marco normativo les permite. En el caso de Colombia, pues tiene una constitución política, y tiene unos entes que están allí creados. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda delega a la Superintendencia Financiera todo lo que tiene que ver con la expedición y el manejo de la banca. Entonces, sin embargo, la banca le da temor de exponerse a aceptar eso tan abiertamente, porque tiene unas licencias, los bancos, que pagan por ellas, que son auditados, y que muchas de esas auditorías son con estándares internacionales, que tampoco están lo suficientemente claros, y prefieren entonces de no arriesgarse para no tener mala calificación, por un lado, por el otro. Por ejemplo, empresas de sector privado, muy grandes, tampoco quieren que de pronto esos estados financieros aparezcan en inversiones de criptomonedas, porque piensan que van a ser objeto de alguna inspección, o van a salir sometidos a alguna sanción por recibir ese tipo de activos, porque piensan que son ilegales y que están prohibidos. 

L.E: Y yéndonos por esa línea, entonces, ¿en qué punto sí pueden ser sancionados, y hasta dónde pueden llegar esas sanciones? 

P.B: Pueden ser sancionados todos, tanto el sector privado como el sector público, si usted opera con activos virtuales y no aplica medidas de monitoreo de riesgo, que le permitan entonces evidenciar que esa empresa está vinculada, es un PEP, es una empresa políticamente expuesta por un lado o por el otro, que los activos que están minados o que provienen de esa billetera, son activos que, por ejemplo, provienen de una venta de armas ilegal. Entonces, ahí pueden ser sancionados todos, y las sanciones, digamos, van a imponerse de acuerdo a la gravedad, que puede ser tanto de tipo administrativo, como por ejemplo, prohibición de ejercer la actividad comercial, el representante legal tiene que haberse expuesto a inhabilidades, a sus accionistas y beneficiarios, y también a los representantes legales, a entidades privadas, y las sanciones pueden ir tranquilamente, a los mil millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la sanción.

Aunque persisten incertidumbres, queda claro que la unificación de criterios entre entidades gubernamentales y la adopción de medidas de cumplimiento normativo son cruciales según Bermúdez, para brindar seguridad y fomentar el desarrollo sostenible del ecosistema de criptoactivos en el país.

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