Coin Center, un destacado centro de investigación y defensa sin ánimo de lucro, ha publicado un documento en el que esbozan los principios que los gobiernos deberían tener en cuenta a la hora de considerar la regulación de blockchain.
Coin Center publicó estas sugerencias en respuesta a una petición del Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y del Miembro de la Comisión de Finanzas, Mike Crapo. En su carta abierta, Wyden y Crapo pedían específicamente a la comunidad de activos digitales su opinión sobre cómo gravarlos.
En Estados Unidos, las criptomonedas se gravan como bienes y no como divisas. Esto significa que cualquier ganancia o pérdida derivada de estas transacciones está sujeta a tributación.
Además del impuesto sobre las ganancias, los ingresos derivados de las criptomonedas, como las apuestas, los préstamos o las ventas, también están sujetos al impuesto sobre la renta. Por esto, el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) trata las criptomonedas como activos de capital, y cualquier ingreso generado a partir de ellas se grava en consecuencia.
Las propuestas de Coin Center
El documento busca promover políticas que maximicen la libertad de innovar utilizando redes blockchain libres y abiertas.
Los principios de Coin Center para la regulación de la cadena de bloques incluyen establecer clara y detalladamente cómo se gravarán las transacciones de criptomonedas, ya que esto puede no ser intuitivo dada la novedad de estos activos digitales.
El documento también pide que los gobiernos demuestren ante un juez que tienen sospechas razonables que justifiquen un registro de documentos privados, si es que quieren que los estadounidenses informen directamente sobre sí mismos y sobre las personas con las que realizan transacciones.
Coin Center sostiene que las normas para los brokers y otros intermediarios financieros no deben ampliarse para exigir la presentación de datos de terceros a las personas que proporcionan software o infraestructura para los usuarios de activos digitales, como mineros, stakers y desarrolladores de wallets.
Dichos terceros no custodios no tienen relación privada con los usuarios de su software ni con las personas cuyas transacciones retransmiten y añaden a la blockchain. Por lo mismo, no tienen derecho ni capacidad para obtener información detallada sobre ellos. Esto, según la organización, es inconstitucional en virtud de la Cuarta Enmienda.
La libertad y la regulación blockchain
La organización también está impugnando la exigencia de que las organizaciones creen y comuniquen al gobierno listas con los nombres e información identificativa de sus donantes, lo que afirma que es inconstitucional de acuerdo a la Primera Enmienda.
Con la publicación de estas sugerencias, Coin Center pretende contribuir al diálogo en curso y ayudar a configurar las futuras políticas fiscales relacionadas con los activos digitales.