En una decisión que podría tener un impacto significativo en el mundo de las finanzas digitales, la Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales ha lanzado una consulta crucial sobre la clasificación de las criptomonedas como propiedad. Esta medida, parte de un examen más amplio sobre activos digitales y documentos comerciales electrónicos en el derecho internacional privado, marca un paso importante hacia la regulación y comprensión de las criptomonedas en el contexto legal.
La Comisión Jurídica ha hecho público un proyecto de ley para solicitar opiniones sobre la propuesta de considerar las criptomonedas como propiedad. Este movimiento surge tras una investigación exhaustiva sobre la naturaleza de los activos digitales, específicamente los tokens criptográficos y no fungibles, que han demostrado tener la capacidad de conferir derechos de propiedad.
En su declaración, la Comisión ha subrayado la importancia de los derechos de propiedad personal, especialmente en situaciones como la insolvencia o la violación de activos. Sin embargo, también ha reconocido los desafíos que presentan los activos digitales, que no se ajustan fácilmente a las clasificaciones tradicionales.
La fecha límite para responder a la consulta es el 22 de marzo, y se espera que las partes interesadas brinden información sobre las implicaciones de considerar las criptomonedas como propiedad. Estos resultados influirán en la versión final del proyecto de ley que se presentará al gobierno.
Además, la Comisión Jurídica está buscando aportes para su proyecto sobre activos digitales y documentos comerciales electrónicos en el derecho internacional privado, con una fecha límite para comentarios fijada en el 16 de mayo. Esta iniciativa tiene como objetivo abordar el impacto transformador de la digitalización y la descentralización en el derecho internacional privado, según Sarah Green, Comisionada de Derecho Comercial y Común.
Si bien la Ley de Documentos Comerciales, promulgada el año pasado, representa un avance hacia la digitalización en el Reino Unido, los esfuerzos actuales de la Comisión Jurídica señalan un compromiso más amplio para abordar de manera integral el cambiante panorama de los activos digitales y la documentación comercial dentro del marco legal.
