Estas son las condiciones que establece el borrador de la normativa para la regulación de criptoactivos en el país

Principalmente las instituciones que decidan operar con activos digitales deberán poseer la infraestructura necesaria para garantizarle al inversor seguridad, transparencia y confiabilidad.
El 10 de junio la Superintendencia Financiera, representada por el Superintendente Jorge Castaño, anunciaba el lanzamiento de un “proyecto de normatividad que les permitirá avanzar en este frente. Será una circular externa aplicable al sector, cuyo borrador se hará público ‘en próximos días’.
Finalmente, la Superfinanciera dio a conocer este borrador de proyecto para su comentario y discusión. Esta iniciativa nació del trabajo adelantado en el ‘SandBox’ regulatorio de la super. Este fue un espacio experimental donde trabajaron las principales entidades bancarias del país de la mano de lo más importantes Exchanges de la región, con el fin de construir una normativa integral entre la economía tradicional y las descentralizadas.

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Con este anuncio, el país inició el camino para darle luz verde a la regulación de los criptoactivos, con una normativa que construye un marco para las operaciones con estas divisas digitales en el país.
La circular se conoce unas semanas antes de que termine el gobierno del presidente Iván Duque.
En este borrador, la institución establece las condiciones que deben cumplir las entidades que decidan desarrollar alianzas o vincular proveedores de servicios de criptomonedas. Entonces, la Superfinanciera antes de permitir operar a estas entidades financieras, realizará una evaluación, en donde verificará que la compañía o institución cumpla con los requisitos establecidos.

Las condiciones

En primera instancia, el operador debe contar con acceso a los reportes de la UIAF, con esto se quiere decir que la empresa en concreto debe presentar a la Unidad de información y Análisis financiero (UIAF), un reporte de todas las operaciones que puedan considerar sospechosas en el giro ordinario de sus operaciones.

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Siguiendo la línea de las operaciones sospechosas, las entidades, además, deben desarrollar un sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que atienda los lineamientos del GAFI, El Grupo de Acción Financiera Internacional. Que es una institución internacional que busca el desarrollo de políticas que combatan el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Para llevar a cabo sus operaciones, se establece que los operadores primero que todo deben contar con la infraestructura requerida en términos tecnológicos y operativos para llevar a cabo de manera idónea la trazabilidad en las operaciones con los activos virtuales.
Además, la institución debe tener la capacidad para brindar a sus clientes y al público en general información sobre su razón social, canales de atención disponibles, activos respecto de los cuales presta sus servicios, riesgos inherentes a los mismos y los costos y tarifas asociados a los servicios. En complemento a esta condición, también se debe contar con los mecanismos adecuados para informar al cliente o inversor sobre la ejecución de sus operaciones, sus estados de cuenta y sus saldos.
Por último, se deben implementar sistemas con herramientas tecnológicas de ciberseguridad que prevean el riesgo operacional, por ataques cibernéticos, hackeos y demás riesgos que se puedan presentar. Actualmente la circular se encuentra a la espera de comentarios, que se podrán presentar hasta el próximo 12 de agosto.
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