En una reciente actualización legislativa, las disposiciones clave de la Ley de Infraestructura de Estados Unidos, firmada por el presidente Joe Biden en 2021, han entrado en vigor, impactando directamente a los usuarios de criptomonedas. Ahora, aquellos que realicen transacciones de activos digitales por un valor superior a 10.000 dólares se ven obligados a informar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en un plazo de 15 días, según lo establecido por la nueva ley bipartidista.
La normativa, diseñada para reducir la brecha fiscal en el país, exige a los corredores de criptomonedas proporcionar información detallada al IRS, incluyendo el nombre, dirección y número de seguro social del remitente. A pesar de la entrada en vigor en enero de 2023, con los informes programados para 2024, ya surgen preocupaciones y desafíos significativos.
Jerry Brito, director ejecutivo de Coin Center, expresó su inquietud, destacando la complejidad de cumplir con estos requisitos. Plantea preguntas sobre la dificultad de informar en situaciones como donaciones anónimas, intercambios descentralizados y recompensas en bloque superiores a 10.000 dólares. Según Brito, la falta de orientación del IRS podría llevar a que muchos usuarios se vean en riesgo de enfrentar cargos graves por incumplimiento.
A medida que la industria evoluciona, la adaptación a estas regulaciones fiscales se convierte en un desafío crítico para los usuarios y las plataformas involucradas. La complejidad de los requisitos de informes y la falta de claridad podrían tener un impacto significativo en la participación y la adopción de criptomonedas en el futuro.
