La llamada ‘Ley cripto’, que regula y establece los lineamientos para las operaciones de activos digitales en el país, a través de bolsas de intercambios, también conocidas como exchanges, deberá esperar al menos un semestre más para ser aprobada.
Soy Holdler pudo establecer que el debate para su discusión en el Senado no fue citado, razón por la cual tendrá que volver a hacer tránsito en el Congreso en la segunda mitad del año, con la instalación de una próxima legislatura.
La iniciativa, que ya había surtido 3 de los 4 debates necesarios para convertirse en Ley quedará en el tintero, pues hasta el 20 de junio había plazo para su discusión y eventual aprobación.
Esta noticia se conoce horas después de que el Superintendente Financiero de Colombia, César Ferrari, dijera en el marco del Congreso de Asobancaria, que las operaciones con criptoactivos en el país no deberían estar sujetas a la supervisión de la entidad, pues considera que no son parte del mercado financiero y que se trata de un sistema “sumamente oscuro”.
¿Qué busca la iniciativa?
El proyecto de ley 267 de 2022 busca “reconocer las plataformas de intercambios de criptoactivos (pic), que ofrecen servicios de intercambio de estos activos virtuales, y se crea un marco regulatorio”.
El objetivo es que las plataformas dedicadas a la economía digital con uso de criptomonedas como el Bitcoin, entre otras, ingresen al mercado formal de Colombia de manera segura y transparente.
Se estima que en Colombia actualmente unas 5 millones de personas usan criptoactivos para sus transacciones financieras en el país.
Además, se calcula que Colombia se ubica en el escalón número 15, entre los países con mayor cantidad de transacciones con monedas digitales en el mundo.
La iniciativa, que el año pasado volvió a ser puesta a consideración del Congreso, no es nueva, pues en varias ocasiones había hecho curso en las discusiones de la Cámara y del Senado para la implementación de un marco regulatorio en el país para la inspección, vigilancia y control a los proveedores de servicios de activos virtuales.
De aprobarse, se crearía un registro único para que cualquier ciudadano pueda acceder a información y verificar la asistencia legal de estos proveedores de servicios.
